El candidato número uno del Partido Popular al Congreso por Toledo y vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP, Vicente Tirado, ha asegurado hoy que esta formación política “es un valor seguro para garantizar el derecho de la propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social”.
Así lo ha manifestado en la reunión que ha mantenido con alcaldes y candidatos de municipios de la provincia afectados por ocupaciones ilegales de viviendas, con representantes de Lominchar, Olías del Rey, Nambroca, Novés e Illescas, donde ha destacado que el PP “es el partido de la soluciones, el único partido que presenta propuestas para crear empleo, para garantizar y revalorizar las pensiones y también una ley para combatir la ocupación ilegal de viviendas”.
En este sentido, ha remarcado que lo que no puede ser es “que te ocupen una vivienda, que has pagado con el esfuerzo y el sudor de tu frente, y se metan allí y tardes años en desalojarlos. Por ello el Partido Popular, a través de esta Ley Antiokupa, garantizará que, en menos de 24 horas, la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente”.
El PP se preocupa por solucionar el problema de la ocupación ilegal, que afecta a los municipios de la provincia de Toledo, porque afecta al derecho de la propiedad privada, afecta gravemente a la convivencia y pone en peligro la seguridad de las personas.
Tirado ha subrayado que un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales gocen de la misma protección de quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler.
Por ello, ha destacado Tirado la necesidad de reforzar el delito de usurpación, agilizar los procesos judiciales, o considerar nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intenta inscribirse es un okupa ilegal.
Desde el Partido Popular, lucharemos por defender el derecho de la propiedad privada, sin olvidar su función social y la convivencia. Evitando así los enganches ilegales como electricidad y agua, con el fin de evitar el fraude y el peligro que conlleva para la seguridad de las personas. Y otros daños colaterales que sufren los vecinos.
La proposición de ley que presentó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados se trata de una iniciativa anti-okupa pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales, contrarias al derecho, a la propiedad y a la seguridad de las personas y cosas.
