El Grupo Parlamentario Popular de la Diputación Provincial de Toledo ha denunciado hoy la absoluta disparidad de criterios que existe entre las declaraciones del presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el presidente de la Comisión de Investigación sobre los pisos de la C/ Cardenal Cisneros, Antonio López, respecto a la voluntariedad u obligación de las comparecencias de los funcionarios llamados a declarar en la misma.
Los populares han destacado que mientras Gutiérrez había asegurado en los medios de comunicación que “la comparecencia de estas personas en la Comisión será voluntaria”, López ha manifestado recientemente que tendrán obligación de acudir a la misma, una contradicción que pone de manifiesto el montaje que quiere hacerse con esta Comisión, hasta el punto de que uno y otro dicen cosas totalmente contrarias, lo que no ocurriría si hubiese normas sobre el funcionamiento de la misma y éstas fueran claras y precisas.
Para el Grupo Popular, el representante de Ciudadanos está empeñado en seguir con este montaje y no duda en ir contra la normativa vigente en esta materia, así como contra lo acordado en la propia Comisión, intentando someter al personal de la Diputación de Toledo a una coacción inadmisible, amparándose según el mismo ha afirmado en los medios de comunicación, en que “el informe jurídico que tenemos, es totalmente legal y están obligado a venir”.
En este sentido, desde el PP han aclarado que el artículo 137.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, en donde se dispone que el presidente de cada comisión informativa “podrá requerir la presencia, en sus sesiones, de personal o miembros de la corporación a efectos informativos”, se refiere a comisiones informativas y no a comisiones de investigación, como es la que aquí se trata, por lo que no es aplicable el citado precepto.
Pero es que, además, han recordado que la propia Comisión de Investigación, en su sesión del 6 de noviembre, acordó que todas las comparecencias, sin distinción de tratarse de personal de la Diputación o de otra naturaleza, fueran voluntarias, por lo que en ningún caso puede afirmarse, como dice el presidente de la Comisión, que este personal tenga obligación de acudir.
