La Justicia ha declarado nula de pleno derecho la Comisión de Investigación puesta en marcha por el actual presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, sobre la actuación del anterior Gobierno del PP y su entonces presidente, Arturo García–Tizón, en los pisos propiedad de la Institución en la Calle Cardenal Cisneros, según han informado en rueda de prensa el presidente del Grupo Popular, Emilio Bravo, y el propio García–Tizón.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Toledo ha declarado nula de pleno derecho no solo la Comisión, sino también “todas las sesiones y su contenido celebradas con posterioridad”, así como también el acuerdo de reprobación y censura de García–Tizón y su gobierno en la anterior legislatura, dando la razón a Bravo y García–Tizón en el recurso que interpusieron contra la creación y todos los actos administrativos derivados de esta Comisión.
Asimismo, la sentencia impone las costas de este procedimiento judicial a los que aprobaron esta Comisión de Investigación.
El juzgado acoge el recurso del Grupo Popular de que tal Comisión era legalmente imposible, al faltar una norma que permitiera su creación, e implícitamente reconoce, como ya advirtiera García–Tizón en todo el desarrollo de este asunto, que Gutiérrez y los grupos de PSOE, IU y Ciudadanos sabían cuando aprobaron esta Comisión de Investigación la imposibilidad legal de crearla.
El Juzgado afirma que se trataba de hacer un “enjuiciamiento político”
El Juzgado afirma que con esta Comisión se trataba de hacer un “verdadero enjuiciamiento político del anterior Gobierno de la Diputación” y de su presidente, Arturo García–Tizón, por lo que “la Comisión de Investigación debió estar precedida de la aprobación de un Reglamento Orgánico, a modo de disposición general, que la regulase”.
Incluso señala esta resolución judicial que “la prueba más palpable de que con carácter previo debió existir un reglamento orgánico que amparase la citada Comisión de Investigación es que con posterioridad al Pleno objeto de recurso, en una sesión plenaria extraordinaria posterior, de 30 de octubre de 2015, se aprobase el Régimen de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Especiales de la Institución Provincial”.
Según ha explicado García–Tizón, lo más llamativo de este asunto es que tanto el proponente, Álvaro Gutiérrez, como PSOE, Ciudadanos e IU sabían que estaban creando una Comisión de Investigación que no podían crear y que no era una mera Comisión Informativa. Las palabras del portavoz del PSOE, Santiago García Aranda, en el Pleno en que se crea esta Comisión así lo indican claramente, cuando a la objeción opuesta por García–Tizón responde, según recoge el Acta de esta sesión: “efectivamente no hay comisiones calificadas de investigación en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales”, para seguidamente afirmar que la finalidad de la Comisión no es otra que la investigación de lo acaecido con las viviendas de la Calle Cardenal Cisneros.
Finalidad que igualmente afirma el representante de Ciudadanos, Antonio López Martín, que asegura que “venimos hoy aquí a hablar de una Comisión de Investigación”, así como el representante de Izquierda Unida, Jorge Vega Martín, que afirma que con esta iniciativa “se pretende depurar si existen responsabilidades y no hay sitio mejor que la Comisión de la que se trata”.
García–Tizón ha recordado su insistencia durante todo el proceso en que esta Comisión era nula de Pleno derecho e ilegal, advertencia que se repitió en el siguiente Pleno Extraordinario de 30 de octubre, como reconoció el diputado de Ciudadanos al decir: “Señor Arturo García–Tizón, en los medios de comunicación o con escritos (viene Ud.) diciendo que (esta Comisión de Investigación) no tiene validez, que no sirve de mucho”.
En esta misma ilegalidad insistió García–Tizón en las sucesivas sesiones de la Comisión de Investigación celebradas, a lo que los diferentes representantes de los grupos contestaban que la finalidad de la misma era investigar, como manifestó el diputado socialista Antonio Luengo Raboso en la sesión de 20 de noviembre del 2015.
En este sentido, García–Tizón ha recordado que siempre manifestó que con esta Comisión de Investigación se pretendía “una causa general contra el PP y un linchamiento político personal y familiar, con el intento de justificar el gran engaño electoral que hizo Ciudadanos a los electores de Toledo, cuando tras afirmar que dejarían gobernar al partido más votado, a través de un acuerdo espurio y fraudulento entre el representante de Ciudadanos y el PSOE, convinieron en nombrar presidente a Gutiérrez”.
La reprobación promovida contra García–Tizón se vuelve contra sus autores
El que fuera anterior presidente de la Institución Provincial ha declarado que “hoy la reprobación de García–Tizón y de todo su gobierno en la Diputación de Toledo, que promovió el PSOE, se ha vuelto en contra de sus autores, pues con esta resolución judicial quien resulta reprobado por la Justicia es Álvaro Gutiérrez y quienes le acompañaron en esta actuación ilegal, inmoral y completamente inadmisible”.
En este sentido, tanto Bravo como García–Tizón han lamentado que “ha pasado más de un mes de esta sentencia y todavía Gutiérrez no ha pedido perdón por esta Comisión de Investigación” y destacado la prudencia del Grupo Popular en este aspecto, que ha esperado a hacer una valoración de lo sucedido hasta que la justicia ha hablado. Asimismo, ha resaltado que “ahora esperamos que se dé igual publicidad a esta declaración judicial de nulidad que a la Comisión de Investigación”.
