El coordinador del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Toledo, Arturo García-Tizón, ha comparecido hoy en la Comisión Especial de Investigación sobre las viviendas propiedad de Diputación en la C/ Cardenal Cisneros, donde ha desmontado el circo de Ciudadanos y el PSOE en torno a estas viviendas, informando pormenorizadamente sobre la rehabilitación y el uso de las mismas en la pasada legislatura y legislaturas anteriores, desarmando así los argumentos y acusaciones infundadas que se han vertido en estos meses.

Asimismo, García-Tizón ha hecho una detallada explicación de las razones que determinan la ilicitud de la Comisión y la falta de respeto a los derechos constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad en la gestión seguida por esta Comisión de Investigación ilegal, poniendo de manifiesto las irregularidades que se están cometiendo en el desarrollo de la misma.

En cuanto a la sesión celebrada en el día de hoy, García-Tizón ha puesto de manifiesto el método inquisitorial y policial que preside esta Comisión. Hasta tal punto que el portavoz del PSOE ha renunciado a hacer preguntas ante la contundencia de los argumentos expuestos por García-Tizón durante su intervención en la Comisión.

El coordinador del Grupo Popular ha insistido en la necesidad de las obras llevadas a cabo en estas viviendas propiedad de la Diputación de Toledo, por el mal estado en el que se encontraban, como advirtieron los propios servicios de la Institución Provincial y consta en el expediente administrativo correspondiente.

Del mismo modo ha aclarado que el uso que se hizo de la vivienda destina a Presidencia “durante la anterior legislatura fue ocasional y de forma análoga al que había sido durante el mandato de los últimos presidentes, quizá aun menos, porque buena parte del período de esta legislatura no fue posible su utilización por las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo”.

Finalmente, García-Tizón ha manifestado “el montaje burdo de esta Comisión que no pretende otra cosa que el intento de dotar de un formalismo falso a un juicio predeterminado de censura al PP, producto de un entendimiento fraudulento del representante de Ciudadanos y el PSOE, para justificar por parte de aquel la entrega de la Institución Provincial a su antiguo partido de origen, con un evidente engaño electoral a los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales, entendimiento que le ha supuesto al representante de Ciudadanos unas sustanciosas percepciones económicas, de tal forma que en los últimos cinco meses llevará percibidos 80.000 euros”.

A continuación reproducimos la intervención completa de García-Tizón:

En relación con el objeto de la presente sesión de la Comisión Especial de Investigación sobre actuaciones habidas en viviendas propiedad de la Diputación Provincial, sitas en la calle Cardenal Cisneros de Toledo y, dejando al margen en este momento la cuestión de su legalidad por estar pendiente la misma ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Toledo en virtud del recurso interpuesto por varios miembros del Grupo Popular de esta Comisión, interesa hacer en este momento las siguientes.

MANIFESTACIONES

Primera.-  El antecedente que da origen al Acuerdo de creación de esta Comisión es una simple Propuesta suscrita por el representante de Ciudadanos en esta Diputación y asumida por el Presidente de la Corporación, sin ninguna motivación al efecto. Nada se indica acerca de cuáles pueden ser las razones por las que es conveniente su creación, ni se ofrece fundamento alguno del que resulte la necesidad de esclarecer hechos concretos y determinados. Esa falta de motivación en la Propuesta, es determinante, por sí sola, de su nulidad absoluta y entraña, para las personas que van a ser objeto de investigación, una inseguridad jurídica inadmisible. En ninguna parte de la misma o del Acuerdo de creación subsiguiente se dice que es lo que se va a investigar. Solamente existe una alusión genérica a las “actuaciones habidas” en las referidas viviendas. Tal es así, que cuando desde la Presidencia de la Comisión se solicitan a los Grupos nombres de las personas para posibles comparecencias, el Grupo Popular denunció esa falta de concreción de los hechos o actuaciones que se querían investigar, lo que, ante el silencio subsiguiente con evidente indefensión, le impidió el hacer propuestas al efecto, ya que en función de cual fuera el objeto concreto de esta investigación así podrían proponerse unas u otras personas.

La delimitación del objeto de la investigación, esto es, la determinación, de forma clara, de la materia sobre la cual versará la investigación, es un elemento esencial del acuerdo de creación de cualquier Comisión de Investigación, sin que esta delimitación admita fórmulas tan vagas, imprecisas o genéricas como las utilizadas en el presente caso (“actuaciones habidas en las viviendas propiedad de la Diputación”). Esta delimitación y concreción, los fines y objetivos que se persiguen en la Comisión, son elementos necesarios para evitar cualquier duda, arbitrismo o discrecionalidad en la actuación de sus proponentes.

El hecho de que en un momento posterior a la Propuesta y subsiguiente Acuerdo de creación de la Comisión, tanto su proponente como otros miembros de la Corporación que dieron su voto favorable a la misma hayan hablado de cosas distintas sobre este objeto, pues en unos casos se han referido al coste de las obras, en otros a uso que se ha dado a alguna de estas viviendas, y en otros a la calidad de la rehabilitación efectuada en las mismas, no subsana el vicio de origen de falta de delimitación del objeto de la Comisión. Antes al contrario, la disparidad de criterios mantenida por esos Grupos, si algo pone de manifiesto es precisamente la falta de concreción de este objeto.

Es por ello que por este Grupo se volvió a pedir en el seno de la Comisión esa delimitación clara del objeto de la investigación, esto es, si se refiere a la rehabilitación de las viviendas o al uso de las mismas o a ambas cosas a la vez sin que esta petición haya sido atendida por la Presidencia de la Comisión, lo que se ha manifestado en el procedimiento seguido hasta ahora un elemento de inseguridad jurídica causante de indefensión, omitiendo la debida transparencia que debe exigirse a toda actuación administrativa, máxime cuando de lo que se trata es de una comisión especial de investigación. Parece que se quiere privar a quienes son investigados de todo medio de defensa y dar un mero formalismo a un juicio de valor ya predeterminado sobre estas actuaciones.

Segunda.- Del mismo modo que ni la Propuesta ni el Acuerdo de creación de esa Comisión contienen justificación o motivación alguna, tampoco en este Acuerdo se prevén normas sobre su régimen de funcionamiento de la misma. Quienes acordaron su creación se limitaron, en la sesión constitutiva de la misma, a señalar que habría sesión ordinaria cada tres meses y sesiones extraordinarias cuantas veces lo estimara procedente el Presidente; también se acordó que las sesiones serían públicas y su composición. Nada se indicó sobre el plazo previsto para la realización de los trabajos de investigación, dejando abierta y “sine die” la Comisión, lo que no deja de ser una nueva muestra de la mala fe con que se ha actuado en esta materia, buscando tener un foco continuo de crítica hacia el Grupo Popular. Tampoco se aprobó un plan de trabajo como así es exigible en la normativa en la que se admite este tipo de órganos (Como en el caso de los artículos 52 del Congreso de los Diputados y 59 del Reglamento del Senado para las Comisiones de Investigación que se aprueben en estas Cámaras).

Nada se ha previsto en esta Comisión sobre el desarrollo de las comparecencias que vayan a tener lugar en su seno, habiéndose limitado la Comisión a acordar, a iniciativa del Grupo Popular que las mismas sean voluntarias, para salvaguardar el principio constitucional de respeto de los derechos fundamentales de los comparecientes y que los mismos sólo asistan si así lo estiman oportuno, con la posibilidad de rechazarlas, sin que ello suponga responsabilidad alguna, voluntariedad que se extiende a funcionarios y demás personal de esta Diputación Provincial. Omisión total, por tanto, del procedimiento de las comparecencias sin especificación alguna de aspectos tan importantes como la forma en que ha de tener lugar el testimonio de los comparecientes y el desarrollo de las intervenciones de los Grupos, con lo que nuevamente se incide en una inseguridad jurídica que repercute tanto en el compareciente como en el objeto de la investigación.

Tercera.- Dicho todo lo anterior interesa hacer algunas otras manifestaciones sobre lo acontecido en la rehabilitación de estas viviendas y el uso de las mismas.

El edificio propiedad de la Diputación sito en la C/ Cardenal Cisneros de Toledo, se trata de un conjunto de varias viviendas propiedad de la Diputación Provincial, varias de las cuales a lo largo del tiempo han sido puestas a disposición de distintos funcionarios de la Institución (Oficial Mayor, Portero Mayor, etc.), varios de los cuales y sus familias, unos en activo y otros ya jubilados, siguen disfrutando de las mismas. Otras, disfrutadas en su día por algunos de estos funcionarios quedaron vacías por fallecimiento de los mismos.

En el primer piso existe desde siempre una vivienda (la que corresponde al 1º Izquierda) puesta a disposición del Presidente de la Corporación, de la misma manera que existen otros cargos que disfrutan de una situación similar (Presidentes de la Audiencia Provincial, Fiscales Jefe, Delegados de Hacienda, Delegados del Gobierno, Subdelegados del Gobierno, Director de la Academia de Infantería, Presidente de la Junta de Comunidades, pabellones militares, etc.)

En el caso de la Diputación Provincial de Toledo varios de los Presidentes habidos en la Institución, han dispuesto con mayor o menor grado de continuidad de esta vivienda; así han sido los casos de los dos anteriores Presidentes, Señores Tofiño y Ruíz Ayúcar, existiendo numerosos testimonios gráficos de que personas vinculadas a entorno familiar y político han aparecido en los balcones de esta vivienda con ocasión de importantes festividades en Toledo (Corpus, Semana Santa, etc).

En la anterior legislatura, el señor Tofiño  ordenó la realización de algunas obras en esta vivienda. Concretamente incorporó a la misma, la parte de la vivienda contigua (1º Derecha) que tenía fachada a la calle Cardenal Cisneros para disponer de un salón y comedor mucho más amplio.

También en las últimas legislaturas quedó a disposición de los señores Diputados otra vivienda sita en la parte trasera de esta primera planta del edificio.

Al constituirse la anterior Corporación bajo el gobierno del Partido Popular, se advirtió el lamentable estado de conservación de estas viviendas, algunas de las cuales llevaban desocupadas desde hacía más de 15 años. Ante esta situación se acordó la rehabilitación de las existentes en la primera planta del edificio, proponiendo el Servicio Técnico correspondiente que la rehabilitación se extendiera, también, al estado de las bajantes, acometida eléctrica general del edificio y particular de las viviendas, el arreglo de los patios interiores y alguna otra actuación en las cubiertas.

El oportuno expediente se tramitó por los Servicios de la Institución de acuerdo con la normativa procedente, obteniéndose en el correspondiente proceso de contratación, una rebaja sustancial sobre el precio que figuraba en el Proyecto.

Cuando se terminó la rehabilitación de estas viviendas, en la reservada a la de la Presidencia se volvió a colocar el mobiliario que ya existía en la misma, el cual parece que se adquirió en los años 80. Igualmente, los servicios de la Diputación procedieron, igual que se hace con cualquier otra dependencia administrativa, a decorar las paredes con obras propiedad de la Corporación.

También debe señalarse que en esta obra de rehabilitación se procedió a devolver a la vivienda sita en el primero derecha, la parte que había incorporado el señor Tofiño al salón principal de la vivienda de la Presidencia, con lo que recuperó la misma superficie que tenía inicialmente.

El uso que el Presidente realizó de esta vivienda durante la anterior legislatura fue ocasional, de forma análogo al que había sido por los últimos presidentes, quizá aún menos, porque buena parte del período de esa legislatura no fue posible su utilización por las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en la misma. Y aunque ello haya sido así, no debe dejar de señalarse que ninguna norma, acuerdo o regulación al respecto prohibiera que esta utilización pudiera ser permanente por el Presidente de la Institución durante todo el tiempo en que permaneciera en su cargo.

Todo lo anterior permite las siguientes

CONCLUSIONES

Primera.- Es manifiesta la improcedencia de la creación de esta Comisión de Investigación por inexistencia de precepto legal habilitante para ello, su nulidad, por omisión de elementos esenciales en su Acuerdo de creación, tales como falta de motivación, delimitación del objeto a investigar, tiempo de duración de los trabajos, inexistencia de un mínimo procedimiento para la celebración de las comparecencias, etc.; omisiones, todas ellas, que además provocan en las personas a que afecta la investigación una indefensión contraria a los más elementales principios constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución)

Segunda.- Esta Comisión es igualmente improcedente tanto por la inexistencia de irregularidad alguna en el proceso de rehabilitación de las viviendas de que se trata, al haberse respetado escrupulosamente el procedimiento administrativo exigible al caso, dispone del crédito presupuestario oportuno y haberse realizado conforme a las directrices marcadas por los correspondientes Servicios Técnicos de la Corporación y bajo su Dirección, como por el uso dado a estas viviendas, señaladamente la reservada a la Presidencia, que ha tenido lugar en análogos términos  a los seguidos por anteriores Presidentes y es conforme a situaciones similares existentes en otros cargos de las diferentes Administraciones públicas.

Tercera.- Esta Comisión es el producto de un entendimiento entre el representante de Ciudadanos en la Diputación Provincial y el Partido Socialista para justificar, por parte de aquél, la entrega de la Institución Provincial a su antiguo Partido de origen, con un evidente engaño electoral a los ciudadanos en las pasadas Elecciones Locales, a quienes se ofreció por parte de Ciudadanos un programa de centro y contrario a pactos similares a los del Tinell. Con este fraude electoral se desalojó del gobierno provincial al Partido Popular que resultó ganador en dichas Elecciones, tanto a nivel de votos, como por número de diputados provinciales y número de municipios.

Ese montaje burdo de la Comisión de Investigación no pretende otra cosa que el intento de dotar de un formalismo falso a un juicio predeterminado de censura al Partido Popular y que se presenta en palabras del propio representante de Ciudadanos como el comienzo de una causa general encubierta contra el Partido Popular. No otro sentido tienen sus repetidos anuncios de futuras y sucesivas Comisiones de Investigación sobre la política seguida por el anterior equipo de gobierno en la Residencia Social Asistida, la explotación de la Finca de El Borril o el proceso de contratación de personal.

Hoy ya los electores de la provincia de Toledo conocen al representante de Ciudadanos en la Diputación Provincial, que percibe por su pacto con el PSOE unas sustanciosas percepciones económicas (en estos 5 últimos meses llevará percibidos 80.000€) y  saben de su entrega más absoluta a los postulados marxistas de esta Izquierda radical.

Pero tras lo ocurrido en estos últimos cinco meses en la Diputación provincial ya no podrá haber engaño de lo que es y lo que representa este tripartito de izquierda y los electores decidirán en consecuencia en las próximas Elecciones Generales.