11, diciembre, 2020.- El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Olías del Rey, José Manuel Trigo, ha valorado hoy la aprobación de la moción presentada por el PP en el Ayuntamiento contra la conocida como Ley Celaá, que ha salido adelante con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y ha reclamado al Equipo de Gobierno Municipal del PSOE que dé traslado del acuerdo al Gobierno de España.
Un acuerdo que reclama paralizar una reforma de la Ley de Educación que ataca la libertad de elección de los padres, la enseñanza concertada y especial y que elimina el castellano como lengua vehicular, por lo que se insta al Gobierno de España a respetar “la doctrina constitucional” que garantiza “el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y centro”, así como cumplir el Art. 27.3 de la Constitución que obliga a garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral.
Este acuerdo también recoge la necesidad de adoptar “las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación”, “extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional” y “configurar la etapa de educación infantil como una etapa voluntaria y gratuita”.
Del mismo modo, reclama que se garantice “la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades”, así como “incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno” y “respetar los cuerpos nacionales del profesorado”.
Asimismo, esta moción pide la implantación de medidas para incrementar “la cohesión y vertebración” del sistema educativo y garantizar “la igualdad de oportunidades”, “avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo” y “apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el PP contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna”.
