El Partido Popular de Méntrida ha presentado una denuncia contra el alcalde de Méntrida, Alfonso Arriero, y los concejales Concepción Lozano, Fernando Herradón e Iván Núñez, por un presunto delito de prevaricación administrativa, “al haber dictado una resolución injusta a sabiendas de su injusticia”, contradiciendo un informe del secretario municipal y con el objetivo de contratar a una persona determinada y de confianza del Gobierno Local del PSOE para encargarse de los temas urbanísticos del municipio.
Esta denuncia se basa en una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Toledo, en la que se anuló todo el proceso de contratación y se obligó a la reposición en el puesto de arquitecto municipal a quien debía haber sido elegido siguiendo el procedimiento legal. Una sentencia que apuntaba expresamente que, al apartarse los miembros de la mesa de contratación del Informe de Secretaría, surge “la posible comisión de un delito de prevaricación al amparo de lo dispuesto en el artículo 404 del Código Penal”, pues varios miembros de la mesa modificaron la valoración de las ofertas presentadas para elegir a una persona concreta.
Los hechos tuvieron lugar el 4 de abril de 2016, cuando el alcalde de Méntrida ordenó la incoación de expediente para la contratación de un arquitecto y un arquitecto técnico o aparejador, aprobándose el 8 de abril de 2016 el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), y procediendo la mesa de contratación el 1 de junio de 2016 a baremar los méritos de los licitadores, obteniendo el arquitecto Don CPF la máxima puntuación (10 puntos), como consta en el expediente administrativo y en la Sentencia.
La denuncia recoge que “tras una serie de trámites palmariamente ilegales y que efectivamente han terminado siendo anulados por el Juzgado Contencioso-Administrativo de Toledo, modifican varios miembros de la mesa de contratación la valoración de las ofertas presentadas y terminan adjudicando el contrato a otro de los licitadores, Don SRS. En contra del Informe del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, que advirtió de que no se debían valorar determinados proyectos al no haber llevado Don SRS. la dirección facultativa de esas obras”.
“De ahí que –según la denuncia del PP- critique profusamente el Juez la patente arbitrariedad y lo malintencionada de la interpretación de los miembros de la mesa, que se apartaron del Informe del secretario-interventor municipal, cuando no solo quedaba claro en el Informe, sino que en los Pliegos quedaba perfectamente recogido el tipo de obras que podían o no valorarse”, continúa la denuncia.
En este sentido, recuerdan que la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo expresamente dice al respecto que el órgano de contratación, compuesto por los denunciados, “malinterpreta el apartado c) de la cláusula IX del Pliego y que, después, a mayor abundamiento, tiene que hacer conjeturas, absolutamente reñidas con el rigor y la seguridad jurídica que exige la contratación administrativa”.
Maniobra para contratar un arquitecto de confianza del Gobierno Municipal
Por consiguiente, bajo la apariencia de la estimación de unas alegaciones de uno de los interesados en el procedimiento de contratación del servicio de arquitecto municipal, los denunciados “tratan de sobreponerse arbitraria y maliciosamente” a lo dispuesto en los Pliegos y a lo informado por el secretario-interventor “con el objeto de terminar contratando definitivamente al arquitecto de su confianza, para que prestara el servicio de asesoramiento técnico en el Ayuntamiento de Méntrida”, apuntan en su denuncia desde el PP local.
Asimismo, los populares denuncian ante el juzgado que “para mejor muestra de lo expuesto y de la intención de contratar y tener el Ayuntamiento al arquitecto de confianza, en vez de al que objetivamente resultare adjudicatario por prestar la mejor oferta al Ayuntamiento, se ha podido saber que el Ayuntamiento, tras la Sentencia antes citada que anula todo este proceso y obliga a la reposición de Don CPF, el Alcalde-Presidente ha despedido a éste del Ayuntamiento de Méntrida acto seguido a su incorporación”.
Igualmente, apuntan “el menoscabo económico concreto que se ha causado a las arcas municipales, pues a consecuencia de la anulación de la contratación han tenido que desembolsarse del Ayuntamiento la cantidad aproximada de 40.000 €, lo que se ha manifestado en un Pleno Municipal a preguntas de la oposición pero sobre lo que no se ha dado completa información”, además alertan de que “los actos e informes del arquitecto contratado, en cuanto ha sido anulado todo el proceso, han devenido en nulidad, causando un grave perjuicio e inseguridad en el Ayuntamiento”.
Los miembros de la mesa de contratación denunciados y que se considera han vulnerado flagrantemente la ley por votar en contra de lo dispuesto en el Informe del Secretario son: el alcalde, Alfonso Arriero Barberán (PSOE), y los concejales Concepción Lozano García (IU), Fernando Herradón Garrido (PSOE) e Iván Núñez López (Cs). Una denuncia que no se dirige a los otros dos miembros de la mesa, ya que “informaron de la ilegalidad que pretendían los otros y votaron expresamente abstención ante la pretensión de incluir la valoración de los documentos que no se podían valorar como efectivamente confirmó el Juzgado”.
