Los diputados nacionales del Partido Popular por Toledo, Vicente Tirado y Carmen Riolobos, han mostrado hoy su apoyo a las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio de los colegios profesionales de Toledo y Talavera de la Reina, que llevan sin cobrar por su trabajo desde el mes de octubre, para lo que los parlamentarios populares han presentado una pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez.
Los diputados toledanos han presentado esta pregunta ante la Mesa del Congreso de los Diputados para que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, explique las razones que justifican esta falta de pago y aclare qué criterios se han cambiado para que esté ocurriendo esto en todas las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia, entre las que se encuentran Castilla-La Mancha.
“La ministra está más pendiente de minimizar lo que ocurre en Cataluña que de estos profesionales y de la atención que merecen las personas que menos recursos económicos tienen, para garantizarles la atención en justicia gratuita y el derecho de defensa que consagra la Constitución Española”, han asegurado los parlamentarios toledanos, quienes han criticado duramente la decisión del Ministerio de no pagar los servicios del turno de oficio prestado por designación judicial.
Para Tirado y Riolobos se trata de una medida que afecta gravemente a los colegios de abogados de la provincia de Toledo y de Talavera de la Reina, por lo que han exigido explicaciones, ya que no se conoce la razón que justifica el impago y si ha cambiado alguna norma para que esta situación se dé desde octubre, pues parece que ha habido algún cambio de criterio en el procedimiento de acreditación y pago.
Desde el PP critican a la ministra de Justicia por haber descuidado gravemente sus obligaciones, marginando a los abogados del turno de oficio a los que se niega a pagar desde octubre, maltratando así a los profesionales de la justicia gratuita, responsables de un servicio público que debe estar garantizado y que, por lo tanto, tiene que tener los suficientes ingresos.
En este sentido, han explicado que esta situación ha provocado una queja formal del Pleno del Consejo General de la Abogacía, que decidió por unanimidad emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia, y han recalcado que Toledo es una de las provincias afectadas por la decisión del Ministerio, que afecta gravemente a los colegios y colegiados que por mandato judicial tienen que cumplir el derecho de defensa que consagra la Constitución.
“Exigimos el pago a los abogados, no solo porque la asistencia que han realizado ha sido ordenada por el juzgado, sino también por las personas que más necesitan ese apoyo de carácter judicial, ya que esta decisión del Gobierno de Sánchez está poniendo claramente en peligro el principio básico de justicia gratuita”, ha recalcado.
