El Partido Popular de Casarrubios del Monte ha alertado sobre la ocultación de información por parte del Ayuntamiento de información relativa a decenas de viviendas que quedarían fuera de ordenación con la entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación Municipal y, por lo tanto, en situación de ilegalidad urbanística.
Los concejales del PP han señalado que en los datos que el Gobierno del PSOE y del Grupo Independiente remitieron a la Delegación de Urbanismo de Toledo para que realizase el informe previo y vinculante a la aprobación definitiva del Pleno municipal no figuran ni en la documentación expuesta al público en el Ayuntamiento, ni en el CD que entregaron al Partido Popular de la localidad.
Por ello, han presentado en el Registro una petición de información a la alcaldesa, Teresa Paz, y a los concejales de Urbanismo Antonio del Hierro Barcina y Jesús Mayoral Pérez para que se les facilite «la relación completa de las viviendas que han quedado fuera de ordenación en el proyecto de Plan de Ordenación Territorial”, a tenor de lo publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 31 de julio de 2012, así como que indiquen la fecha de concesión de la licencia de construcción.
El Partido Popular considera, de esta forma, que la información está «sesgada e incompleta», lo cual ha derivado en que no sea posible realizar las alegaciones necesarias y precisas en defensa de decenas de vecinos de Casarrubios del Monte afectados, «que sufrirán unas perjudiciales consecuencias legales, económicas y sociales».
Los ediles populares han indicado que en el caso del casco urbano y casco histórico puede afectar hasta al 80 por ciento de las viviendas por la disminución del aprovechamiento urbanístico que se ha previsto, y han exigido que se informe “de forma inmediata” a todos los propietarios afectados «de la situación en la que han quedado sus viviendas, para que puedan actuar en defensa de sus legítimos derechos e intereses».
“Desde el Partido Popular se entiende que la indefensión de los vecinos al ignorar la inclusión de sus inmuebles en el proyecto -por haberse ocultado esta información en el período de exposición al público- es probable causa de anulación de la aprobación definitiva del POM, por lo que pondrá en conocimiento de los responsables urbanísticos regionales estos graves hechos”, han subrayado.
Ilegalidad y perjuicio económico
El Grupo Municipal Popular ha afirmado que “lo que realmente subyace en este comportamiento del PSOE y del Grupo Independiente es el temor a causar una alarma social entre cientos de vecinos, en su mayoría de clase humilde y trabajadora, que van a ver como sus viviendas pasan a una situación de ilegalidad urbanística con el consiguiente perjuicio económico», así como a “la posible reacción de los afectados con los miembros del equipo de Gobierno municipal”.
“Parece que la alcaldesa socialista Teresa Paz y sus aliados del Grupo Independiente han olvidado que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucionalmente protegido, y todos los temas relacionados con él deben tener un cuidadoso tratamiento legal”, ha concluido.
