El presidente del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Emilio Bravo, ha anunciado hoy que el Partido Popular ha presentado una moción en la Institución Provincial y va a presentar mociones en el mismo sentido en los ayuntamientos de la provincia, para denunciar el reparto partidista y sectario que está llevando a cabo el Gobierno de Álvaro Gutiérrez con los fondos de la Diputación de Toledo.
Así lo ha manifestado Bravo en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en Toledo, donde ha asegurado que es importante que los ayuntamientos se pronuncien sobre lo que está haciendo Gutiérrez en la Institución Provincial, como deben pronunciarse también los grupo políticos que están apoyando este gobierno provincial, que son Ciudadanos y Ganemos.
“No nos vamos a conformar, vamos a reivindicar un trato justo para todos los municipios independientemente del partido que gobierne en sus ayuntamientos y esperamos el apoyo de los grupos que están sosteniendo al Gobierno de Gutiérrez”, ha recalcado Bravo, quien ha recordado que Ciudadanos basó su acuerdo con el PSOE en que no estaba de acuerdo con el reparto de los fondos de institución, “no sabemos si el actual reparto sectario y en función del color político es el que quería Ciudadanos para la provincia”, ha remarcado.
El total sectarismo de Álvaro Gutiérrez
En este sentido, ha recordado que “con esta forma caciquil de distribuir los fondos de la Diputación, Gutiérrez se convierte en una especie de mesías que va repartiendo el dinero a su antojo a quien quiere, buscando sólo el beneficio y el aplauso de los suyos” y ha denunciado que el presidente socialista de la Diputación “habla mucho del corazón y está siempre con la sonrisa, pero la realidad es que es un presidente sectario, que tiene dos caras”.
Una realidad que se ha demostrado sobradamente al ver el reparto de los convenios que la Diputación de Toledo está firmando con diferentes pueblos de la provincia, en los que el 87 por ciento del dinero ha ido a parar a convenios con municipios gobernados por el PSOE, el 7 por ciento a pueblos gobernados por el PP y el 2 por ciento a pueblos con gobiernos de Ciudadanos e IU-Ganemos; algo aun más llamativo si tenemos en cuenta que el PSOE tiene menos concejales y menos diputados en la provincia de Toledo.
“En esta legislatura se han repartido 2 millones de euros en convenios, de los que 1,7 millones de euros han ido a localidades gobernadas por al PSOE, 140.000 euros a localidades con gobiernos del PP y 50.000 euros a localidades gobernadas por IU-Ganemos y Ciudadanos”, ha concretado Bravo, quien ha recordado que en muchos casos estos convenios se firman para compensar económicamente a los pueblos del PSOE que no han podido acogerse al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, por no cumplir los requisitos.
El presidente del Grupo Popular ha advertido que el PP está estudiando acciones legales en cuanto a este reparto partidista de unos fondos que son de todos los ciudadanos de la provincia. “No nos vamos a quedar parados mientras se discrimina a unos pueblos respecto a otros por el color político de su gobierno”, ha insistido Bravo, quien ha puesto también como ejemplo la flagrante discriminación de la ciudad de Talavera de la Reina respecto a Toledo.
Una moción para defender los derechos de todos los ciudadanos
La moción anunciada por el PP, que se ha presentado ya en la Diputación de Toledo y va a ser presentada igualmente en los diferentes ayuntamientos de la provincia, tiene como objetivo “la defensa de los municipios de Toledo y la mejora de la actuación de la Diputación de Toledo en la gestión, inversión y reparto de los fondos públicos de la institución provincial”, como se recoge en el texto de la misma.
Una iniciativa del PP que reivindica no sólo acabar con el reparto discriminatorio de los fondos de la Diputación, sino que además denuncia “la ocultación grave y flagrante de información a la oposición”, como ha reconocido la Justicia en cuanto a los contratos realizados en la Diputación por el Gobierno de Gutiérrez; “la burocratización y entorpecimiento de los trámites administrativos”, destacando la discriminación a los municipios gobernados por el PP a cuyos alcaldes Gutiérrez se niega a recibir; así como “la desnaturalización de las funciones de la Diputación”, ya que cada vez se usan menos recursos y actuaciones para ayudar verdaderamente a los municipios.
