La secretaria general del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Alejandra Hernández, ha denunciado el grave problema que supone la ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra, y ha valorado la iniciativa del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, para liderar una ‘Ley Antiokupación’ desde la región, frente a los gobiernos del PSOE, que no han hecho nada más que mirar hacia otro lado.
En rueda de prensa en la puerta de la Diputación de Toledo, Hernández ha manifestado que “no puede ser y no se entiende que no haya un consenso político a este respecto” y ha recalcado que ha sido el PP, con Pablo Casado y Paco Núñez, el que ha tenido que tomar la iniciativa al respecto, tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Castilla-La Mancha.
La diputada provincial ha recordado que ayer mismo el PP de Castilla-La Mancha ha registrado una Proposición de Ley Orgánica para la prevención de la ocupación ilegal de viviendas, “que queremos que sea consensuada, no sólo con el resto de partidos, sino también con la sociedad civil”, para lo que “ya se han mantenido diversas reuniones e incluso visitas a zonas afectadas, con los propios vecinos y con los concejales y alcaldes”.
El PP ha presentado un texto que propone la protección del legítimo propietario y la solución ocupacional para familias con hijos sin recursos, el desalojo en menos de 24 horas, evitar la inscripción de ‘okupas’ en el padrón municipal para velar por la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana, penas de prisión de 6 meses a 3 años en caso de violencia o intimidación, penas que castigan el uso de menores, dar legitimidad a las comunidades de propietarios y la recuperación con carácter inmediato de la vivienda en cuanto se demuestre la propiedad.
“En definitiva un texto que recoge soluciones para lo que verdaderamente preocupa a nuestros vecinos” ha recalcado la también portavoz del PP en Illescas, quien ha alabado la iniciativa de Núñez “que es pionera en nuestra región” y con la que “defendemos lo que es justo, defendemos vivir en paz y protegemos la convivencia, porque los vecinos de Castilla-La Mancha no tienen que vivir con miedo a que ocupen sus casas o a que ocupen la del vecino y les hagan la vida imposible”.
